Se necesitan los recursos de toda la nación armenia para sacar a Armenia de la grave crisis creada por la derrota en la guerra de los 44 días. De hecho, no es difícil imaginar que si los recursos de toda la nación armenia se hubieran dedicado al gobierno del país en los últimos 25-30 años, el resultado de esa guerra podría haber sido diferente, por no mencionar la clara posibilidad de que la guerra se hubiera evitado por completo. Pero este comentario no especulará sobre cómo habrían sido las cosas si hubiéramos gestionado el pasado de otra manera. En cambio, concentrémonos en el futuro.
El 75-80% de los recursos de la nación armenia residen en la Diáspora. Esto es cierto desde cualquier punto de vista del término "recursos", incluyendo el número de las personas, los niveles de la educación, las calificaciones profesionales, los recursos financieros, la experiencia en la gestión y la administración, la competencia en la ciencia, la medicina y la tecnología, las conexiones globales, la experiencia en los asuntos militares y estratégicos y en las operaciones de inteligencia.
Y por "Diáspora" no hay que entender sólo a los armenios étnicos que viven fuera de Armenia con poca o ninguna conexión con Armenia. Este talento reside entre:
- los ciudadanos de la República de Armenia (RA) que emigraron y adquirieron la ciudadanía extranjera y actualmente residen en el extranjero, manteniendo su ciudadanía armenia;
- los ciudadanos de la RA que emigraron y adquirieron la ciudadanía extranjera y volvieron a residir en Armenia, manteniendo tanto su ciudadanía extranjera como la armenia
- los ciudadanos de etnia armenia de países extranjeros que adquirieron su ciudadanía armenia desde la independencia, y dividen su tiempo entre Armenia y el extranjero
- los ciudadanos de etnia armenia de países extranjeros que aún no han adquirido la ciudadanía de la RA, pero están capacitados para adquirirla según las leyes actuales de la RA.
Este vasto recurso nacional está actualmente restringido, por la legislación armenia, para servir a la República de Armenia en algunos puestos públicos clave. Los artículos 48, 148, 124, 165, 174 y 177 de la Constitución imponen restricciones críticas sobre quién puede ser elegido para el Parlamento, servir en el gobierno en una capacidad Ministerial, servir como Presidente, o servir en cualquier posición de alto nivel en el poder judicial. (Véanse los párrafos pertinentes de estos artículos). En concreto,
1) Nadie puede ser elegido para el Parlamento si no tiene la ciudadanía de la RA y no ha residido permanentemente en Armenia durante los últimos cuatro años (artículo 48, punto 2);
2) Nadie puede servir en el gobierno en cualquier capacidad ministerial a menos que haya tenido la ciudadanía de la RA, y haya residido permanentemente en Armenia, durante los últimos cuatro años (artículo 148, puntos 1 y 2);
3) Nadie puede ser presidente a menos que haya tenido la ciudadanía de la RA, y haya residido permanentemente en Armenia, durante los seis años anteriores (Artículo 124, Punto 2;
4) Nadie puede servir como un juez en el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Casación y el Tribunal de Apelaciones de la RA, independientemente de sus calificaciones, a menos que tenga la ciudadanía sólo de la RA (artículo 165, partes 1, 2 y 3)
5) Nadie puede formar parte del Consejo Judicial Supremo, independientemente de sus cualificaciones, a menos que tenga la ciudadanía de la RA únicamente (artículo 174, parte 3)
6) Nadie puede desempeñar el cargo de un Fiscal General, independientemente de sus cualificaciones, a menos que tenga la ciudadanía de sólo en la RA (artículo 177, punto 2).
No hay ningún interés nacional convincente al que sirvan estas restricciones, especialmente dadas las circunstancias únicas de Armenia y de la nación armenia. Manteniendo la precondición clave de que sean los ciudadanos de la RA los que elijan a sus representantes y a su gobierno, la siguiente modificación de la Constitución serviría bien al país y a la nación: De los seis artículos, eliminar la restricción de la ciudadanía de "sólo" la RA y, donde sea aplicable, la residencia en Armenia en los "cuatro (y seis) años anteriores".
Así, las condiciones para todos estos puestos, en lo que se refiere a la ciudadanía y la residencia, pasarían a ser:
1) ciudadanía de la RA
2) residencia permanente en Armenia mientras se desempeñe el cargo.
Todos los demás requisitos de cualificación y experiencia, especialmente para los jueces, se mantendrían.
Además de lo anterior, tanto si se menciona explícitamente en la Constitución como si no, todos los ministros, viceministros y empleados de alto nivel que ocupen puestos sensibles deben pasar una autorización de seguridad y deben tener cualificaciones demostrables para los puestos que ocupan.
Esta Enmienda crearía las condiciones necesarias (pero no las suficientes) para una participación más significativa y consecuente de los recursos de la Diáspora Armenia en la gobernanza del país. Una vez que se inicie el proceso, por ejemplo, mediante el nombramiento de un Ministro, se facilitará la participación de más talentos de la Diáspora, ya que el Ministro en cuestión podría añadir a su personal algunos profesionales armenios cualificados de la Diáspora. Esto suscitará un mayor interés en la diáspora por participar en Armenia, incluso en puestos que no estaban restringidos por la Constitución actual.
Nótese que esta Enmienda no cambiaría el principio básico de que debe ser un derecho exclusivo de los ciudadanos de la República de Armenia elegir a sus representantes, que, a su vez, elegirían a su gobierno. Los armenios étnicos no ciudadanos de la Diáspora no tendrían nada que decir en este proceso. Hay que tener en cuenta también que puede pasar mucho tiempo después de que se apruebe dicha Enmienda antes de que aparezca algún cambio perceptible en el órgano rector de Armenia. El proceso de la selección y el escrutinio llevaría mucho tiempo, los políticos procederían con precaución, y la considerable brecha en la remuneración en el extranjero frente a la remuneración en Armenia sería un obstáculo importante. No obstante, la eliminación del obstáculo constitucional sería un primer paso fundamental para arrancar el proceso.
El valor de la política pública debería ser una consideración importante a la hora de evaluar esta Enmienda. Armenia necesita y desea una mayor participación de sus ciudadanos con doble nacionalidad, pero priva de derechos a la Diáspora de ciudadanos armenios. Los ciudadanos armenios con una segunda ciudadanía, que viven y trabajan en Armenia, pagan impuestos y, si no han hecho la mili en otro país, están obligados a hacer el servicio militar. Pero no pueden ser elegidos para el Parlamento ni ser nombrados para altos cargos. Esta disposición viola el principio básico de la reciprocidad y va en contra de un valor clave de la política pública.
¿Cuáles podrían ser algunas de las objeciones y argumentos en contra de tal Enmienda? He aquí algunas objeciones y respuestas anticipadas.
Argumento/objeción nº 1: Las disposiciones que excluyen a los ciudadanos con doble nacionalidad y a los que no han residido permanentemente en Armenia en los últimos 4-6 años se basan en los argumentos de la seguridad nacional.
Este argumento, aunque teóricamente atractivo y con algunos precedentes en otros países, tiene bases prácticas muy débiles para justificar una restricción Constitucional. La seguridad nacional de la RA ha sufrido un daño más devastador que en cualquier otro momento desde la independencia. Es difícil de imaginar cómo los funcionarios del gobierno con doble nacionalidad podrían haber representado un riesgo mayor que el que hemos enfrentado en los últimos dos años. Por el contrario, como se menciona en el primer párrafo, la seguridad de la RA probablemente habría mejorado sustancialmente si los vastos recursos del capital humano de la Diáspora se hubieran puesto al servicio del gobierno.
Aquí cabe mencionar que para la gran mayoría de los armenios de la Diáspora, la ciudadanía de un país extranjero representa un permiso de trabajo o una necesidad comercial y no se deriva necesariamente de una lealtad inherente a un gobierno extranjero. Las excepciones, poco frecuentes, pueden ser eliminadas durante el proceso estándar de la autorización de la seguridad y a través de medidas reglamentarias, administrativas y relacionadas con la investigación. Esto es tan cierto para los ciudadanos armenios que emigraron fuera en busca de empleo, como para los armenios de la Diáspora que nacieron fuera y empezaron como ciudadanos extranjeros y posteriormente adquirieron la ciudadanía de Armenia.
Además, no hay ninguna garantía de que alguien que cumpla las condiciones de la actual Constitución no pueda ser contratado por un servicio de inteligencia extranjero o servir a los intereses de otro país.
Aparte de las medidas reglamentarias, administrativas y de investigación, el gobierno armenio debería analizar la cuestión de las autorizaciones con los países en los que hay grandes comunidades armenias, y asegurar un entendimiento de rotación de talentos, por el que los ciudadanos con doble nacionalidad que presten servicio en Armenia no pierdan los privilegios en los países de su segunda nacionalidad, y viceversa.
Hay cientos, si no miles, de ciudadanos de la RA con una segunda ciudadanía que podrían hacer contribuciones inestimables a Armenia en diversos sectores -económico, de seguridad, diplomático, educativo, sanitario, tecnológico- sin suponer una amenaza mayor para la seguridad del país que la que suponen los que sólo tienen la ciudadanía armenia. Los beneficios potenciales de este vasto recurso humano no utilizado superan con creces cualquier riesgo potencial. El gobierno debería intentar eliminar todos los obstáculos posibles que restrinjan la participación significativa de estos recursos en la gobernanza de Armenia.
Argumento/Objeción nº 2. Los únicos cargos a los que afectan estos artículos de la Constitución son los de Presidente, Primer Ministro, Viceprimeros Ministros, Ministros, miembros del Parlamento y diversos cargos importantes del Poder Judicial. No existen restricciones constitucionales para que los armenios de la diáspora con doble nacionalidad y menos de 4 años de residencia en Armenia puedan desempeñar cualquier otro cargo gubernamental. ¿Por qué los armenios de la diáspora interesados y cualificados no ocupan esos puestos, en lugar de esperar a que haya puestos ministeriales o de otro tipo?
Aunque técnicamente es correcto, este es un argumento poco convincente y no tiene sentido. La cuestión es que la propia RA debe buscar y contratar activamente a los mejores talentos armenios para sacar al país de esta crisis, y eso incluye los puestos en los niveles más altos del gobierno. La exclusión de todo el escalafón superior del gobierno también disuade a todos los demás niveles de ofrecer sus servicios.
Además, y lo que es mucho más importante, los funcionarios de nivel medio y bajo no podrán introducir las reformas tan necesarias para resolver las ineficiencias operativas que actualmente afectan a la burocracia gubernamental. Un objetivo importante de este ejercicio es introducir mejoras sistémicas en el funcionamiento del gobierno, lo que no puede lograrse a través de los cargos inferiores a los ministeriales.
Un recurso verdaderamente excepcional, que combine competencia, experiencia y contactos mundiales, necesitaría el rango adecuado para aprovechar al máximo su potencial al servicio de Armenia. Esto es especialmente cierto en los asuntos económicos, comerciales y diplomáticos multilaterales, en los que los contactos mundiales con las contrapartes de alto nivel desempeñan un papel fundamental.
Por último, cabe mencionar que hay un gran número de puestos de la administración pública en los que los ciudadanos con doble nacionalidad armenia tienen prohibido prestar servicio por sus propias leyes y reglamentos independientes, a pesar de que la Constitución no exige tales restricciones. Entre ellos se encuentran los institutos autónomos y el Defensor de los Derechos Humanos, y otros. Así que la cuestión es sistémica para toda la estructura gubernamental de Armenia. Una vez que se enmiende la Constitución, puede ser más fácil abordar también estas leyes separadas
Argumento/Objeción nº 3. Si hay armenios de la Diáspora cualificados que pueden y están preparados para hacer valiosas contribuciones al país formando parte del gobierno, ¿por qué no renuncian a su ciudadanía extranjera, establecen su residencia permanente en Armenia y, tras cuatro años, pueden optar a formar parte del gobierno?
Aquellos que hacen este argumento no entienden o no quieren entender la diferencia crítica que podría suponer para Armenia el uso de todo el poder de los recursos de la nación armenia, especialmente en esta coyuntura de la historia de la República. La legislación armenia debería facilitar la participación del talento de la diáspora, y no impedirla. Como se ha señalado anteriormente, aceptar y/o mantener la ciudadanía en países extranjeros ha sido una cuestión de necesidad económica para la gran mayoría de los armenios de la Diáspora. Esperar que estos profesionales no sólo renuncien a su ciudadanía extranjera, sino que también se trasladen a Armenia y residan durante cuatro años, posiblemente ociosamente, sólo por una pequeña posibilidad de que finalmente se les dé una oportunidad de servir en el gobierno es poco realista y deliberadamente prohibitivo.
Al respecto, conviene mencionar un probable motivo real para mantener estos artículos en la Constitución. Ha habido una resistencia crónica al reparto del poder en todas las Administraciones desde la independencia, principalmente para proteger los intereses parroquiales creados, a costa de los intereses nacionales y del Estado.
En resumen, ha llegado el momento de eliminar los obstáculos Constitucionales y, de manera considerada y calculada, permitir que los vastos recursos de la ciudadanía armenia de la Diáspora sirvan a los intereses estratégicos fundamentales del Estado.
Traducido del artículo de Vahan Zanoyan, publicado en The Armenian Mirror-Spectator el 8 de febrero de 2022.
